El Fondo Monetario Internacional confirmó el 3 de septiembre de 2026 que la acumulación de bitcoin de El Salvador desde la primera revisión de su programa, concluida el 27 de junio de 2025, provino de donaciones privadas y no utilizó recursos públicos, según documentación entregada por las autoridades salvadoreñas. Según el rastreador oficial de la Oficina Nacional del Bitcoin, las tenencias del país rondan actualmente los 7.764 BTC —unos 629 millones de dólares al precio de referencia de 81.000 dólares por moneda.
La conclusión del FMI resuelve, al menos formalmente, la pregunta que quedó abierta desde noviembre de 2025, cuando El Salvador anunció la incorporación de 1.090 bitcoins —valorados entonces en unos 100 millones de dólares— y volvió a poner bajo escrutinio el cumplimiento de su acuerdo con el organismo. Pero el comunicado deja abierta otra pregunta: el FMI afirma haber verificado las donaciones mediante documentación que le entregaron las autoridades salvadoreñas, y esa documentación no se hizo pública. El comunicado no identifica a los donantes, no informa cuántos fueron ni detalla cuánto aportó cada uno.
Lo que sí confirmó el FMI
El hallazgo llegó dentro de un acuerdo de nivel técnico —el paso previo a que la junta directiva del FMI apruebe un desembolso— sobre las revisiones segunda y tercera combinadas del programa de Facilidad de Servicio Ampliado (EFF, la línea de crédito de 40 meses que el FMI aprobó el 26 de febrero de 2025, por unos 1.400 millones de dólares). Si la junta ratifica esta nueva revisión, El Salvador recibiría unos 140 millones de dólares adicionales (101,96 millones en Derechos Especiales de Giro, la unidad de cuenta del FMI). El programa impuso desde su origen un techo de cero para la acumulación voluntaria de bitcoin por parte del sector público, ratificado por el FMI en marzo de 2025. La revisión de junio de 2025 fue el punto de corte que ahora usa el organismo: desde ahí, todo bitcoin nuevo en las billeteras oficiales vino de afuera, no del Tesoro salvadoreño.
La auditoría que no se puede revisar
El problema es metodológico, no solo de transparencia. En la cadena de bloques —el registro público donde quedan todas las transacciones de bitcoin— puede observarse que las monedas llegaron a una dirección determinada, con monto y fecha exactos. Pero ese registro no indica por sí solo si se trató de una compra financiada por el Estado, una donación privada o una transferencia entre billeteras bajo control del propio gobierno: las tres operaciones dejan el mismo rastro. El FMI dice haber revisado documentación que el gobierno le entregó de forma privada, pero al no hacerse pública, nadie fuera del organismo y las autoridades puede reproducir esa verificación con los mismos papeles. Es, en la práctica, una auditoría cuya evidencia solo vieron el auditor y el auditado.
Chivo cambia de manos
El mismo comunicado confirma otro giro: la billetera estatal Chivo —lanzada en 2021 junto con la ley que hizo del bitcoin moneda de curso legal— transfirió la mayoría de su propiedad y el control operativo a un operador privado que el FMI no nombra. El gobierno conserva una participación minoritaria y las responsabilidades de custodia sobre los activos de los clientes que todavía la usan. Es un cambio de estructura, no de narrativa: el Estado sigue siendo garante de los depósitos de la gente, pero ya no maneja el día a día de la billetera.
El punto que cambia hacia adelante
La confirmación sobre el origen de los bitcoins pasados no abre una vía para que el Estado siga acumulando con recursos propios: el FMI fue explícito en que no espera nueva acumulación más allá de las donaciones ya documentadas. El acuerdo también apunta a fortalecer la transparencia sobre las tenencias repartidas en las distintas billeteras del gobierno, así como la gobernanza y la gestión de riesgos de los criptoactivos que sigan bajo control del sector público. El FMI cerró la duda sobre el pasado reciente a cambio de reglas más estrictas sobre el futuro.
Qué confirmaría o rompería esta versión
Vale separar el hecho de la interpretación. Lo comprobable: el FMI recibió documentación privada, dice que acredita las donaciones, y el público no tiene acceso a esos papeles, así que ningún tercero puede reproducir la verificación con la misma evidencia. Además, los 140 millones de este acuerdo todavía no son un desembolso real: quedan sujetos a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y al cumplimiento de acciones previas ya pactadas. Que el cumplimiento «descansa en confianza» es una lectura razonable de esos hechos, no un hallazgo del FMI. La señal que la pondría a prueba: que El Salvador o el operador de Chivo publicaran, aunque fuera de forma agregada y sin nombres, el registro de cuántas donaciones se recibieron, cuándo y por qué monto.
Este artículo es periodismo informativo y no constituye asesoría legal ni financiera. Las implicaciones regulatorias varían según el país del lector.
