Bolivia se comprometió, dentro de su programa con el Fondo Monetario Internacional, a desarrollar un marco regulatorio y de supervisión para los activos virtuales. El compromiso está en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras que el gobierno presentó el 10 de septiembre de 2026, dentro del programa de Servicio Ampliado que el FMI acordó a nivel técnico el 29 de julio y que todavía necesita el visto bueno del Directorio Ejecutivo del organismo. El texto dice que Bolivia «desarrollará un marco regulatorio y de supervisión de activos virtuales robusto» para frenar la salida indebida de capitales a través de los mercados cripto.
No es una idea nueva
En su evaluación de Bolivia de 2025, el propio staff del FMI ya había recomendado un marco de supervisión robusto para activos virtuales, y advirtió que el crecimiento de ese mercado podía convertirse en un canal para salidas de depósitos y capital que complicara los controles cambiarios existentes. Tampoco Bolivia partía de cero: el Banco Central levantó en junio de 2024 la prohibición que pesaba sobre las criptomonedas, siguiendo una recomendación del GAFI para formalizar esas operaciones, y el presupuesto 2025 ya autorizaba a la petrolera estatal YPFB a pagar importaciones de combustible con criptoactivos. Lo que falta, y lo que el memorando promete, es un marco integral: hoy no hay fecha límite ni institución designada para supervisar el sector.
La urgencia detrás de la firma
El compromiso llega envuelto en una crisis que el propio gobierno describe como la más grave en más de cuatro décadas. La deuda pública superó el 80% del PIB en 2025 y el déficit fiscal cerró cerca del 12%, según la estimación oficial. El programa acordado a nivel técnico contempla un ajuste equivalente al 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, aunque el detalle año por año de esa trayectoria todavía no está claro en las fuentes disponibles.
El USDT ya es un actor de facto
En ese contexto, el USDT, la stablecoin —la criptomoneda diseñada para mantener un valor fijo de uno a uno con el dólar— que emite Tether, dejó de ser un instrumento de nicho para volverse una alternativa frente a la escasez de dólares y la devaluación del boliviano. Las operaciones con activos virtuales reportadas al Banco Central pasaron de 46,5 millones de dólares entre enero y mayo de 2024 a 294 millones en el mismo periodo de 2025, un salto del 630%, según datos de BCB y ASFI. A nivel regional, Bolivia acumuló 14.800 millones de dólares en valor cripto recibido en cadena de bloques entre julio de 2022 y junio de 2025, según Chainalysis; esa cifra mide actividad on-chain recibida, no ganancias ni ahorro neto de los usuarios. El entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza —destituido el 21 de agosto de 2026 tras una censura legislativa y reemplazado por Christian Morales— dijo a mediados de julio que el gobierno evaluaba técnicamente incorporar el USDT al sistema de pagos nacional, junto al dólar y el boliviano.
La tensión que el resto de la cobertura no conecta
Aquí está el punto que se pierde entre el anuncio y el aplauso: Bolivia sigue bajo la lista gris del GAFI, la categoría de «monitoreo reforzado» que el organismo le asignó en junio de 2025 por deficiencias estratégicas en su régimen contra el lavado de dinero, no una acusación de que el país lave dinero. El gobierno reporta más del 90% de las acciones correctivas cumplidas. Y al mismo tiempo negocia oficializar una stablecoin que ganó terreno, en parte, moviendo valor por fuera de los canales bancarios tradicionales: el registro en cadena existe, pero identificar a las personas detrás de una operación P2P es más difícil cuando no hay un intermediario regulado aplicando controles de identidad.
Eso no vuelve inviable el plan; plantea la pregunta real. El GAFI no exige rastrear cada operación entre particulares: exige que los proveedores de servicios de activos virtuales apliquen identificación, supervisión y reporte, bajo su Recomendación 15. Si el marco que Bolivia termine construyendo impone esas obligaciones a exchanges y plataformas P2P, el plan sería consistente con el estándar que el propio país busca cumplir para salir de la lista gris. Si el marco llega sin eso, Bolivia corre el riesgo de formalizar el mismo canal que el FMI ya advirtió que puede usarse para eludir sus controles.
Este artículo es periodismo informativo y no constituye asesoría legal ni financiera. Las implicaciones regulatorias varían según el país del lector.
