Tres años de investigación, 64 acusados, una acusación fiscal de más de 1.700 páginas y un juicio en marcha en Caracas. Y con todo eso, la pregunta más simple sigue sin respuesta: ¿dónde está el dinero? Los criptoactivos que salieron de las ventas de petróleo venezolano entre 2020 y 2023 tienen un camino de entrada bien documentado y un destino final que nadie ha logrado probar. Esa brecha no es un detalle del caso: es el caso.
Cómo entraba el dinero
El mecanismo está documentado y es más simple de lo que suena. PDVSA vendía cargamentos de crudo, pero en lugar de cobrar por transferencia bancaria — vía que Estados Unidos podía congelar — exigía el pago en USDT. Reuters reportó en 2024 que la empresa había migrado buena parte de sus ventas spot a un contrato que pedía por adelantado la mitad del valor del cargamento en la stablecoin, y que obligaba a los clientes nuevos a tener una billetera digital.
Como ninguna mesa de cumplimiento normativo aprueba una operación así, compradores y vendedores trabajaban con intermediarios. Ahí es donde el rastro se enfría: el dinero no llegaba a una cuenta institucional, sino a billeteras. Según la acusación del Ministerio Público venezolano, las divisas generadas se desviaron a través de 74 sociedades mercantiles sin ingresar nunca a las arcas de la República.
La pieza que faltaba era el organismo que dio cobertura formal. La SUNACRIP, la superintendencia que supervisaba los criptoactivos en Venezuela, tenía asignadas cargas de crudo y controlaba billeteras. Cuando en enero de 2023 el coronel Pedro Tellechea asumió PDVSA y ordenó auditar las cuentas por cobrar, encontró que muchos deudores ya habían pagado — en criptoactivos que jamás aparecieron.
Adónde iba dentro de Venezuela
Una parte del dinero sí tiene destino verificable, y toca al bolsillo de cualquiera que cobre en bolívares. Las autoridades habilitaron a un número limitado de bancos y casas de cambio para vender USDT a empresas privadas a cambio de bolívares. Solo en julio de 2025 se vendieron unos US$119 millones en criptoactivos al sector privado, según datos citados por Reuters. En la práctica, la stablecoin sustituyó al billete verde físico dentro del circuito financiero local.
El fiscal general Tarek William Saab describió el resto del mecanismo: quienes controlaban ese acceso a divisas podían especular con el mercado cambiario. Saab afirmó además que se cobraban comisiones de hasta 15% sobre contrataciones asignadas a dedo, y que para asegurar los embarques el barril se vendía a la mitad de su precio de mercado.
Si te preguntas por qué el paralelo se movía como se movía en esos años, ahí tienes una respuesta parcial: el que controla la llave del dólar puede decidir el precio del día.
Lo que circula pero no está probado
Aquí toca ser claro, porque hay documentos rodando por WhatsApp que afirman mucho más de lo que se ha demostrado. Mansiones en la Alta Florida, inmuebles en Madrid y Miami, oro del Arco Minero, vehículos blindados, relojes de alta gama: todo eso aparece descrito como «destino de los fondos» en informes que circulan sin firma. No hay una fuente primaria — ni sentencia, ni documento judicial público, ni informe forense de cadena de bloques — que lo respalde. Que sea plausible no lo vuelve probado.
Ni siquiera el monto está establecido. La acusación formal del Ministerio Público cifra el daño en US$5.550 millones. El diputado oficialista Hermann Escarrá habló de US$23.000 millones. Estimaciones independientes rondan los US$16.900 millones. Tres cifras que se diferencian entre sí por más de lo que muchos países producen en un año.
Y el juicio que debía aclararlo no lo está haciendo. Según reportó TalCual en junio de 2026, el debate en tribunales se ha llenado de denuncias de torturas y despojo de bienes privados, mientras la arquitectura financiera que originó el desfalco no se discute. Tampoco se revisa la intermediación que permitió sacar el crudo. La SUNACRIP sigue bajo junta interventora desde 2023.
Qué cambiaría esta historia
Tres señales concretas y verificables: que el tribunal de Caracas incorpore al debate el rastreo de las billeteras y no solo las imputaciones; que aparezca un informe forense de cadena de bloques — de una fiscalía o de una firma de análisis — que ate direcciones concretas a activos concretos; o que alguna autoridad publique una cifra oficial de recuperación.
Mientras nada de eso ocurra, lo honesto es decirlo así: el camino de entrada del dinero está documentado, el destino final no. Todo lo que llene ese hueco sin pruebas es especulación, venga de donde venga.
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